Por la defensa del INE

Punto de Vista/por Filiberto Vargas Rodríguez.

Prefacio.

Una serie de acontecimientos ocurridos la semana pasada, exhibieron -una vez más- la torpeza con la que actúa la Fiscalía General del Estado (FGE), o el manejo político que se le ha dado a esa institución que, en el papel, debería actuar de manera autónoma. *** El domingo 19 de febrero, en un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en la calzada Morelos, del municipio de Fortín de las Flores, fue detenido Miguel Ángel Jiménez Méndez, sin que mediara orden de aprehensión. *** Los uniformados sometieron al joven (hijo de quien fuera regidor por Morena en el ayuntamiento de Córdoba, Ángel Jiménez Castañeda) a una revisión de su persona y su vehículo. En el interior de la unidad encontraron un arma de fuego y cargadores con cartuchos útiles. *** El joven no pudo acreditar la posesión legal de esa arma y, por lo tanto, fue remitido a las instalaciones de la policía, en tanto se definía su situación jurídica. *** El propio gobernador, Cuitláhuac García, explicó un par de días después, que el joven fue puesto en libertad, porque “se aclaró la posesión, hay un documento legal de portación de arma que tiene y se aclaró de quién era el arma, quién tenía el documento y se presentó en el momento en que fue requerido”. *** El mismo día en que fue detenido el joven Miguel Ángel Jiménez, otro grupo de policías estatales intervino y detuvo al alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García también sin orden judicial de por medio, con el único argumento de que se trataba de “una revisión precautoria”. *** Al revisar el vehículo del alcalde (que llegó al cargo con la bandera de Morena), encontraron un arma larga, un arma corta, cargadores, cartuchos, cuatro chalecos tácticos y un equipo de radiocomunicación. *** También fue detenido y presentado a la Fiscalía, que le imputó el delito de posesión de armas prohibidas. Sin embargo, la tarde del pasado viernes fue dejado en libertad, pues el juez de control determinó que no había pruebas suficientes en su contra. *** El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los habitantes de este país “tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva”. *** ¿Cómo habrá sido la actuación de la Fiscalía, en el caso del alcalde de Río Blanco, que a pesar de acreditar que portaba armas de uso exclusivo del Ejército, no pudo sostener la acusación ante el juez? *** Alguien desde adentro lo explicó con claridad: Los dos fueron soltados por órdenes de Palacio de Gobierno”. *** A este par de sucesos fallidos, en los que no se ha mostrado a los responsables dichos actos “ilegales”, se suma la nueva recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por violaciones graves a seis víctimas de actos de abuso de autoridad y tortura, por parte de elementos de la Policía Ministerial y de la Unidad de Combate al Secuestro. *** ¿Quién y cuándo van a responder nuestras autoridades por estos casos de abuso de autoridad?

Una vez más los mexicanos demostraron que no están dispuestos a ceder ni un ápice de lo construido en materia democrática.

En el zócalo de la Ciudad de México y en las más importantes ciudades del país, millones de ciudadanos salieron a reclamar que no se ataque al Instituto Nacional Electoral (INE), ni se alteren los mecanismos para la realización de elecciones en México.

A pesar de que esos mismos organismos fueron los que validaron su triunfo, el presidente López Obrador mostró desde su primer año de gobierno, su intención de desarticular al órgano electoral y a los tribunales que se encargan de calificar los procesos democráticos del país.

El año pasado planteó una reforma a la Carta Magna, que fue rechazada en el Senado, toda vez que los votos de Morena y sus aliados no alcanzaban los dos tercios que se requieren para reformas constitucionales.

Ante ese descalabro, el presidente optó modificar algunas leyes, con el afán de restringirles los recursos a los órganos electorales, y su capacidad para sancionar violaciones a las leyes durante procesos electorales. Fue a lo que llamaron “Plan B”.

Esas reformas sólo requieren de mayoría simple (el 50% de los votos más uno) y ya las aprobaron las dos Cámaras (Diputados y Senadores), por lo que la única vía que queda es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Morena y sus partidos aliados reformaron 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Expertos aseguran que esta aprobación “mutila al INE” y pone en riesgo la operación de las próximas elecciones porque valida el despido de casi 6 mil funcionarios de base, que representan una tercera parte de los recursos humanos con los que cuenta.

El Gobierno federal también tendría acceso a las listas de electores, lo que vulnera los datos personales y abre la posibilidad de que sean usados con fines distintos a los establecidos. Además, permite que los funcionarios y candidatos puedan usar los recursos públicos para hacer campaña sin ser sancionados.

Senadores del bloque de oposición (PAN, PRI, PRD, MC y el Grupo Plural) refrendaron que, con la inminente promulgación de la reforma, presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El consejero electoral Ciro Murayama explicó que si antes del 2 de junio la Suprema Corte suspende la aplicación del “plan B” en materia electoral se podrá realizar la elección del 2024 tal y como se conoce. También con esta suspensión se evitaría el despido del personal del Instituto y se mantendría sin cambios.

Para expresar su rechazo al presidente López Obrador y exigir a los ministros de la Corte que actúen con honestidad y congruencia, fue que salieron este domingo los mexicanos a las calles.

Es un reclamo que no puede ser ignorado.

Epílogo.

Dos accidentes de gigantescas proporciones, con la pérdida de vidas humanas y millonarios costos, se suscitaron en el estado de Veracruz el jueves de la semana pasada. El saldo oficial fue de al menos siete heridos y dos desaparecidos. *** Un primer incendio ocurrió en el interior de la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán, en el que cinco obreros resultaron heridos de gravedad, con quemaduras de primer y segundo grado. *** El segundo evento fue una explosión y posterior incendio en el Centro de Almacenamiento de crudo de Pemex, conocido como Tuzandepetl, en el municipio de Ixhuatlán del Sureste. *** Se reportaron trabajadores desaparecidos y dos intoxicados, identificados como agentes de Protección Civil del municipio de Minatitlán. *** Ese Centro de Almacenamiento cuenta con 14 bóvedas para almacenar hidrocarburos, de las cuales, dos fueron realizadas en 2021, con capacidad de almacenar hasta 3 millones de barriles de petróleo. *** Nadie ha salido a informar sobre las causas de estos dos siniestros y los responsables.

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