La tortura como método

Punto de Vista/Por Filiberto Vargas Rodríguez.

Prefacio.

Frente al peso de las evidencias, el gobierno estatal ha optado por guardar silencio: la red de empresas “fantasmas” sigue operando en la entidad, sin que las autoridades hagan algo al respecto. *** Al inicio de la actual semana, el diputado federal José Yunes Zorrilla, advirtió de la importancia de “no dejar pasar” ese tema, pues “si existen empresas fantasmas, seguramente detrás hay todo un aparato de corrupción operando”. *** Pepe Yunes llamó a ciudadanos y a legisladores para que no dejen pasar esa irregularidad: “Las factureras, las denominaciones fantasmas, son referente de corrupción y si no fuera el caso aquí, se requiere una explicación”, dijo. *** Agregó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la obligación de dar seguimiento a las denominaciones fiscales y detectar cuando hay empresas fantasmas: “Lo que hay que ver, es que no sean sólo estos casos, sino vigilar que no hayan más”. ***El gobernador Cuitláhuac García anunció que se investigaría el caso de Araly Rodríguez, la empleada del gobierno estatal que facturó más de cien millones de pesos, la mayoría en asignaciones directas, y que dio un domicilio fiscal falso. *** El propio mandatario estatal declaró a los medios de comunicación que ya habían hablado con ella y había admitido que “sólo era una representante”. *** ¿Quiénes están atrás de ella? De eso no quiere hablar el gobierno.

En junio del 2021, José Antonio May González, comerciante de Río Blanco, dueño de la empresa “Comercializadora de Abarrotes Maga”, denunció a través de un video difundido en redes sociales los abusos cometidos por elementos de la Fiscalía del estado.

En su mensaje, el empresario dijo temer por su integridad y la de su familia, y pidió la intervención del presidente López Obrador.

Narró que el 19 de junio policías ministeriales e integrantes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado (FGE), entraron a una bodega de su propiedad, sin orden de cateo, y golpearon y torturaron a algunos de los 40 empleados que estaban laborando en ese momento.

El empresario mostró un video de una cámara de seguridad, que no vieron los agentes, pues acusó que rompieron las otras y sustrajeron el material del equipo de videovigilancia y computadoras con memoria de imágenes de respaldo.

En el video se observa a los policías ministeriales golpeando a una persona que estaba en el suelo a quien además asfixian con una bolsa de plástico.

May González denunció que se llevaron millón y medio de pesos para el pago a proveedores y de la nómina que se encontraban en la bodega.

Horas después de que se difundiera la denuncia del empresario, el gobernador Cuitláhuac García fue cuestionado por la prensa y calificó de “sospechoso” que el empresario hubiera hecho la denuncia en redes sociales y no ante las instancias judiciales.

“Es un tema que no se puede ignorar, pero hay serias dudas de por qué se hizo la denuncia mediáticamente y no ante una instancia (…) lo que sí es cierto es que en esa zona se detectó desde hace más de un año que hay personas que se dedican al robo de transporte”, replicó el gobernador e invitó a May González a presentar la denuncia de manera formal.

Dijo, además, que existían “pseudo-empresarios” que pactaban con bandas dedicadas al robo de transporte, a fin de hacer pasar la mercancía como legal, con el uso de facturas y mercancía robada.

“Si nos resulta sospechoso, al menos es la misma región, es la misma zona y la misma ciudad, nos resulta extraño esto; es como aquel que sabe su pecado, pero se adelanta para tratar de eludirse, prefiere lo mediático a defenderse, si cometió delito”.

Bueno, pues a poco más de año y medio de que ocurrieron esos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que hubo violaciones graves a las garantías de siete personas que fueron (6 detenidos y el empresario que denunció) y por lo tanto emitió la recomendación VG88/2023, dirigida al gobernador y a la titular de la Fiscalía, para que se concluyan los expedientes de investigación iniciados contra las autoridades que participaron en estos hechos, y se les inscriba a los quejosos en la Comisión de Atención a Víctimas, para que reciban una reparación por el daño que les causaron.

Recomendó además que se investiguen los presuntos actos de tortura y se le devuelvan al quejoso los bienes de su propiedad, o que le sean pagados al valor actual.

Lo único sospechoso de lo ocurrido aquel mes de junio del 2021, fue la actuación de los elementos de la Fiscalía de Veracruz que, como se ha podido comprobar en casos recientes, incorporó la tortura como su principal herramienta de investigación.

Y se atreven a prometer que no habrá impunidad.

Bien decía Marcel Planiol: “a los culpables es más fácil elegirlos que encontrarlos”.

Epílogo.

La violencia criminal, esa que dicen en el gobierno estatal que ha disminuido, aparece todos los días. *** En Poza Rica, a plena luz del día y en una de las zonas más concurridas de la ciudad, este miércoles fue asesinado a balazos un taxista que se encontraba en espera de pasaje en el Parador Urbano. *** Testigos de los hechos narraron que a la víctima (identificada como “Ángel”, quien era conductor del taxi número económico 557 que cubre la ruta Poza Rica- Coatzintla) se le acercaron varios sujetos y de pronto se escucharon al menos 3 disparos. Los agresores huyeron sin problemas. *** Mientras tanto, en Álamo, un joven fue hallado sin vida la noche del martes, en el rancho “El Aguacate”, propiedad de familiares del exalcalde José Luis Faisal Serrano, de quien no se sabe nada desde hace 13 años. *** La víctima fue identificada como “José Enrique”, de 26 años, quien tenía una relación cercana con la familia Faisal. Al parecer fue sorprendido por uno o más sujetos que irrumpieron en la propiedad, donde fue encontrado con un balazo en la cabeza. *** Y en Orizaba se registró otro homicidio, la mañana de este miércoles. Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio, con huellas de disparos con arma de fuego. *** No les crea a quienes pregonan una “reducción” de los actos criminales; la delincuencia sigue sin freno en Veracruz.

filivargas@gmail.com