“Línea” a favor de Isabel Romero
Punto de Vista/Por Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
En Morena, en el gobierno federal y en el de Veracruz, ya se anticipaba esta medida. *** El Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó al gobernador borrar de sus redes sociales las publicaciones de apoyo a la votación de la revocación de mandato. *** En opinión del INE, el mandatario estatal violó la ley, al publicar imágenes y textos relacionados a la concentración masiva del pasado fin de semana, donde funcionarios, diputados, actores políticos y burócratas se concentraron para manifestar su apoyo al presidente López Obrador. *** La determinación del INE derivó de una queja presentada por el PAN y el PRD, partidos que denunciaron que el gobernador incumplió la orden de evitar la difusión de propaganda gubernamental en el periodo previo a la Consulta. *** “La Comisión estimó declarar procedente la tutela preventiva al considerar que, de una visión preliminar, se está en presencia de difusión y promoción del proceso de Revocación de Mandato por personas servidoras públicas, contraviniendo a los principios de imparcialidad y neutralidad al que están obligados”, informó el INE. *** Eso es lo de menos, pues el objetivo, la promoción del ejercicio, se consiguió.
No hay que ser muy agudos para leer entre líneas: si el titular del Poder Ejecutivo, ubicado en una posición jerárquica superior a los otros dos Poderes, responde que “no le toca a él” decidir si se debe otorgar la dispensa que está pidiendo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, pero al mismo tiempo destaca la “excelente” labor realizada por la magistrada, en el Congreso de Veracruz deben asumir que “es deseo del gobernador” que la senecta funcionaria siga en su cargo.
El otorgamiento de la dispensa para que Isabel Inés Romero siga ejerciendo como magistrada y, como consecuencia de ello, se mantenga al frente del Poder Judicial del Estado, requiere apenas mayoría simple en la Legislatura, por lo que no será problema para Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) conseguir su ratificación.
Pero si en las instancias políticas no se consigue detener esa arbitrariedad, tendrá que ser la opción jurídica –como ha sido en muchos otros casos- la que prevalezca para impedir que se siga hundiendo el Tribunal Superior de Justicia.
No se trata, de ningún modo, de enfatizar la avanzada edad de la magistrada como único argumento para exigir que abandone el cargo. No está de más, sin embargo, destacar que esa es una consideración que está plasmada en la Constitución local, esa a la que los titulares de los tres Poderes juraron “cumplir y hacer cumplir”.
La sumisión del Poder Judicial a los intereses del Poder Ejecutivo no es algo nuevo. Justamente la llegada de Edel Álvarez peña, en la víspera de la asunción de Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador de Veracruz, obedeció a la “línea” que les hicieron saber a los magistrados, quienes en esas decisiones buscan evitar confrontaciones con el gobierno estatal y votan siempre por aquel magistrado que “esté en la sintonía del gobernador”.
Lo que sucede es que en esta ocasión, bajo la guía de Isabel Inés Romero, el grado de abyección resulta escandaloso. No debemos olvidar que la actual magistrada presidenta declaró ante los medios de comunicación que estaba acatando “instrucciones del gobernador” lo que dejó en claro la total ausencia de autonomía de ese Poder a partir de su llegada.
Isabel Inés Romero se debe ir del Poder Judicial, no sólo porque llegó al límite que la Constitución permite para ejercer el cargo, sino porque ha demostrado su ineficiencia y su sumisión, en detrimento de la impartición de justicia en Veracruz.
Todavía está a tiempo. Puede conseguir una salida digna, si retira su solicitud, recoge sus cosas y abandona la oficina.
Epílogo.
Eduardo Mario Casares Sort de Sans, representante de los concesionarios de verificentros del Estado de Veracruz, obtuvo su libertad, luego de que un juez de control sobreseyó la carpeta iniciada por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de “ultrajes a la autoridad”. *** A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional este tipo delictivo, la FGE insistía en que se siguiera con el juicio, argumentando que el Congreso local no lo ha derogarlo y su desaparición no ha sido publicada en la Gaceta Oficial del Estado. *** “Es un hecho notorio, público y conocido que la SCJN ya lo declaró inválido (el delito de ultrajes a la autoridad), por lo que el juez declaró como procedente el sobreseimiento”, explicó el abogado de Mario Casares. *** La actitud de la Fiscalía demuestra la falta de voluntad para acatar una resolución de la más alta instancia judicial del país. *** México registró este miércoles 12 mil 144 nuevos casos confirmados de Covid-19, la cifra diaria más alta reportada en un mes, informó la Secretaría de Salud. *** La última vez que se vio una cifra similar fue el pasado 2 de marzo, cuando la dependencia federal reportó 12 mil 342 nuevos contagios del coronavirus, posteriormente la tendencia de casos nuevos se mantuvo a la baja; lo que marcaría el final de la cuarta ola de la pandemia en el país. *** En el reporte técnico diario sobre el avance de la epidemia a nivel nacional se notificaron 85 nuevos decesos a causa de esta enfermedad, por lo que la cifra total de muertes ascendió a 323 mil 403 defunciones. *** En cuanto a la capacidad hospitalaria, la Secretaría de Salud reportó que la ocupación de camas generales se ubica en 6%, mientras que las camas con ventilador registran una ocupación de 3%, en ambos casos, sin cambios respecto a lo reportado ayer. *** El Gobierno federal reportó que se han aplicado 167 mil 013 vacunas contra el coronavirus, por lo que el total de dosis suministradas en todo el país se incrementó a 193 millones 447 mil 548. *** La Secretaría de Salud destacó que de las 85 millones 640 mil 685 personas inoculadas contra la Covid-19 en México, 79 millones 832 mil 650 personas cuentan con esquema completo.
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