Monreal 1, Cuitláhuac 0
Punto de Vista/Por Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) modificar la resolución emitida respecto a los gastos de campaña por parte de la coalición Veracruz Va (PAN, PRI y PRD). *** De manera unánime, los magistrados confirmaron que el evento realizado el 23 de mayo, denominada “Todos Somos Miguel”, en realidad tuvo como fin conseguir un beneficio electoral para la entonces candidata panista, Patricia Lobeira, por lo que se debieron reportar los gastos realizados en ese evento. *** “Indicar una nueva determinación para fundar y motivar la metodología utilizada, así como la manera en la que arriba a la conclusión del número de artículos, objetos y elementos a cuantificar, incluyendo para ello, los megáfonos que detecte, además en su caso deberá corregir la operación aritmética errada”, manifestó el magistrado José Francisco Delgado. *** El TEPJF ordenó al Consejo General del INE modificar la resolución impugnada en un plazo máximo de 5 días, para emitir una nueva determinación, lo que implica que la contabilidad del gasto aumente, y en consecuencia, se acredite el causal de nulidad de la elección, por rebasar el tope de gastos de campaña.
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No es del todo exacto que el senador Ricardo Monreal le haya ganado el debate al gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, respecto a los seis jóvenes detenidos por la policía estatal, acusados de “ultrajes a la autoridad” y que deberán ser puestos en libertad luego de que la justicia federal les concediera un amparo.
En realidad lo que resolvió Alejandro Quijano Álvarez, Juez Segundo de Distrito en Veracruz, fue la improcedencia del auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control Andrés García Velasco, pues éste “soslayó que los datos de prueba aportados por la fiscal no son suficientes para acreditar el hecho que la ley señala como delito de ultrajes a la autoridad; ello es así, pues para su dictado solamente se basó en el informe policial homologado”.
Los elementos de la policía estatal narraron en su informe que durante su patrullaje se percataron de que unos jóvenes forcejeaban con una persona, a la que al parecer trataban de llevarse por la fuerza.
Que cuando intervinieron los jóvenes detenidos sacaron de entre sus ropas cuchillos y con ellos amagaron con quitarle la vida al sujeto que tenían detenido, pero que además intentaron herir a los policías.
En ese mismo informe los policías narran cómo lograron desarmar a los seis jóvenes detenidos sin que hubiera un solo herido, salvo el “pequeño detalle” de que en la gresca la supuesta víctima de los jóvenes se dio a la fuga y ya no pudieron identificarlo ni dar con su paradero.
No hay víctima ni testigos que señalen a los detenidos de ese supuesto intento de “levantón”; no hay videos que confirmen lo plasmado en el informe policiaco, y no hay huellas dactilares que corroboren que los detenidos portaban los cuchillos presentados.
Lo que sí hay son testimonios de que los jóvenes detenidos salían de un restaurante ubicado en una plaza comercial y en los pasillos del inmueble fueron abordados por los policías, quienes los sometieron a una revisión y enseguida los esposaron, sin que opusieran resistencia.
El juez de control sin elementos suficientes de prueba y actuando bajo consigna (“todo aquel que sea presentado por la Fiscalía, acusado de ultrajes a la autoridad debe ser vinculado a proceso y se le debe dejar en prisión, porque así lo dispuso el gobernador”) procedió en contra de los seis jóvenes.
Y digo que el triunfo que se la atribuye a Ricardo Monreal no es tal, porque en el fondo lo que el senador de Morena demanda, es que se derogue en Veracruz la figura delictiva conocida como “ultrajes a la autoridad”.
Aunque el juez de distrito Alejandro Quijano advirtió que el agravio presentado por los quejosos no era por el delito que les achacaban, sino por la vinculación a proceso, sí incluyó en su sentencia que dicha figura delictiva (ultrajes a la autoridad) prevista y sancionada en el artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal, fue determinada como “inconstitucional” por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4436/2015.
El mismo juez señala que aunque no se refiere a la legislación veracruzana, “se realizó la interpretación del delito de ultrajes a la autoridad”.
Cuestionado sobre este tema, Cuitláhuac García Jiménez declaró en su momento: “Aquí se cumple la ley, actuamos apegados a derecho. El Poder Judicial, encabezado por la magistrada Isabel (Inés Romero), ha hecho muy bien las cosas y da lugar a que los presuntos responsables acudan a sus recursos para apelar (…) Él (Ricardo Monreal) tendrá su opinión y sin ningún problema. Fue un exhorto al Poder Judicial, pero yo respaldo totalmente la actuación de la magistrada presidenta. Este no es un caso como en el pasado donde se violaban los derechos, sobre todo los de las víctimas”.
No, no fue un triunfo contundente y definitivo el del senador de Morena, pero es un paso muy importante para que se abrogue dicho delito del Código Penal de Veracruz, o en caso de que no sea así, los colegios y barras de abogados lleven el tema a la SCJN para que se le declare inconstitucional.
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Epílogo.
Y a propósito del aval que en algún momento le brindó Cuitláhuac García a la magistrada presidenta, cuando los periodistas le pidieron su opinión sobre el delito de ultrajes a la autoridad se limitó a responder que ella “no puede hacer ninguna declaración” sobre ese tema. *** No perdamos de vista que sigue su camino el proceso iniciado por el abogado Mario Santés Álvarez (fallecido) porque con su despido laboral lo dejaron sin la protección de salud a la que tenía derecho, por lo que señaló a la magistrada presidenta de ser la responsable del deterioro físico, situación que hizo crisis hasta costarle la vida. *** Los familiares de Mario Santés, con el respaldo del jurista Tomás Mundo Arriasa, han dado seguimiento a ese caso y ya la Fiscalía General del Estado (FGE) le dio entrada al documento en el que se requiere que le sean practicados a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, tres exámenes: una resonancia magnética nuclear, un electroencefalograma y una evaluación del Test de Coca. *** Mediante el uso de la Prueba Objetiva y las Pruebas Científicas, se habrá de revelar el nivel de responsabilidad de las autoridades del Poder Judicial de Veracruz en la muerte de Mario Santés Álvarez. *** La Secretaría de Salud (Ssa) señaló en su informe técnico diario que este miércoles se confirmaron dos mil 956 nuevos casos de Covid-19, por lo que en total en México son tres millones 924 mil 638 casos, mientras que los decesos se elevaron en 203, con un acumulado total de 297 mil 187 fallecimientos debido al contagio con el SARS-CoV-2. *** Sobre la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación, la dependencia informó que este martes se aplicaron casi un millón de dosis, con 932 mil 13. Ello suma un acumulado de 138 millones 851 mil 637 dosis. *** A la fecha se han inmunizado a 81 millones 770 mil 394 personas en el país, y de ellas, 66 millones 459 mil 570, es decir, 81 por ciento, tienen el esquema completo, mientras que 15.3 millones han recibido al menos una dosis de vacuna contra el SAR-CoV-2.
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