Poder Judicial: empresas fantasma
Punto de Vista/Por Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
La Secretaría de Salud informó este jueves que ya son 90 mil 773 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México. Además, los casos confirmados ascendieron a 912 mil 811. *** Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer que los casos sospechosos con posibilidad de resultado de Covid-19 aumentaron a 67 mil 403. La hipertensión, la obesidad y la diabetes continúan siendo los padecimientos más asociados a los decesos por coronavirus. *** Mientras tanto, presionado por el impacto sobre la demanda ante nuevas restricciones impuestas en Europa para frenar la segunda ola de casos de coronavirus, el precio de la mezcla mexicana de petróleo registró una caída de 3.87% este jueves, para cerrar en 32.98 dólares por barril. *** Los casos de Covid-19 han aumentado otra vez en gran parte de Europa. Francia dijo que ordenará a todas las personas permanecer en casa desde el viernes a excepción de los trabajadores de actividades esenciales, en tanto que Alemania cerrará bares, restaurantes y cines desde el 2 de noviembre hasta fines del mes. *** La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados analizarán las condiciones para la demanda. El grupo conocido como OPEP+ tiene planes de moderar sus recortes de producción a partir de enero del 2021, desde los actuales 7.7 millones de barriles por día hasta cerca de 5.7 millones.
Ya no es sólo una, se viene un rosario de denuncias en contra de servidores públicos del Poder Judicial del Estado, por su presunta participación en el desvío de recursos públicos mediante la simulación de licitaciones.
Los ilícitos habrían sido cometidos durante la gestión de Edel Álvarez Peña y son señalados lo mismo altos funcionarios de aquella época, que los miembros del Consejo de la Judicatura, algunos de los cuales se mantienen en sus cargos.
La siguiente es apenas una muestra:
A raíz de una denuncia anónima recibida en la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal y que fue turnada para su atención a la Contraloría General del Estado de Veracruz, se conoció que desde hace tres años el Consejo de la Judicatura del Estado ocupa empresas fantasma para el pago de nóminas. La investigación arrojó que todas las empresas que han sido contratadas para ese fin tienen su domicilio fiscal en el estado de Quintana Roo.
Para aclarar estas irregularidades se iniciaron varias auditorías, entre las que destacó la realizada al “servicio de asistencia técnica para soporte en las videograbaciones de las salas de juicios orales y asistencia técnica para el apoyo de la Subdirección de Tecnologías del Poder Judicial, así como el servicio de asistentes generales en el Tribunal Superior de Justicia”.
En esta revisión se descubrió que las empresas “Saban del Sureste”, “INPRO del Bajío”, “Unimontaño” e “Itzaes Industries”, recibieron contratos mediante el esquema de “Licitación Simplificada” y –de forma “coincidente”- todas esas empresas presentaban como apoderados o gerentes a las mismas personas.
Esta circunstancia permite presumir la simulación de operaciones para favorecer a exservidores públicos y a las empresas a las que les fueron adjudicados los contratos.
Como consecuencia de estas operaciones se le causó un daño patrimonial al Poder Judicial del Estado, toda vez que evitaron llevar a cabo un procedimiento de licitación pública (como lo establece la Ley), procedimiento con el pudieron obtener mejores propuestas.
El 31 de enero del 2019, a la empresa “Unimontaño SA de CV” le fue asignado un contrato por un monto de un millón 273 mil pesos, pero se agregó un “adendum” el 12 de julio del mismo año, por un cuarto de millón de pesos.
Coincidentemente, el mismo 31 de enero del 2019 se asignó un contrato a “Praka del Pacífico SA de CV”, por un monto de seis millones 053 mil pesos. En esa misma fecha también fue contratada la empresa “Eiram Blanc SA de CV”, por poco más de 2 millones 300 mil pesos, pero se incorporó un “adendum”el 12 de julio del mismo año, por 415 mil pesos.
“Itzaes Industries SA de CV” también recibió su contrato el 31 de enero del 2019, por 5 millones 283 mil pesos, con un “adendum” (igualmente, otorgado el 12 de julio del mismo año) por un millón de pesos.
Y justo un día después de que se asignaron estos contratos, esto es, el primero de febrero de 2019, la empresa “Unimontaño SA de CV” firmó un nuevo contrato, este por casi 3.7 millones de pesos.
En esta investigación se ha encontrado responsabilidad para Edel Álvarez Peña, Andrés Cruz Ibarra, Pedro Luis Reyes Marín, Carla Rodríguez González, Mauricio Duck Núñez (ya fallecido), Esmeralda Ixtla Domínguez, Humberto Rodríguez Losilla, Jesús Obeso Martínez, Laura Elena Vega Martínez, Yendi Alejandra Sampieri de la Vequia y Mario Berlín Mendoza, todos ellos participantes en la anterior administración del Poder Judicial del Estado.
El presunto daño patrimonial asciende –tan solo en lo que se refiere a esta auditoría- a 18 millones 655 mil 814 pesos.
A raíz de la polémica remoción de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, de lado y lado han surgido acusaciones sobre presuntos malos manejos de los recursos públicos. Producto de esta guerra saldrán a la luz muchos actos ilegales y algunos que se han esforzado por mantenerse lejos de los reflectores, tendrán que dar la cara para responder a los señalamientos en su contra.
Muy pronto lo veremos.
Epílogo.
Este jueves, en la capital del país, el dirigente del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín se reunió con el Presidente del Comité Nacional de ese organismo político, Alejandro Moreno, “Alito”, quien subió un Twitter para dar a conocer el encuentro: “Me reúno con mi amigo @Marlon_RamirezM, Presidente del
@PRIVeracruz_, estamos trabajando muy de cerca para fortalecer a nuestro Partido en su entidad”. *** A raíz del anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que enviará una iniciativa de Ley al Congreso para desaparecer el outsourcing (la contratación de personal a través de una empresa externa) la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) hizo un llamado para “reconsiderar” esa medida, pues ésta se encuentra en la Ley Federal del Trabajo “y actúa a favor de los trabajadores mexicanos”. *** El Presidente de Canacintra, Enoch Castellanos, advirtió que si se elimina esa figura jurídica “se desalentaría la inversión privada”, pues las empresas tendrían una desventaja frente a otros países.
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