Los “nervios” de Andrés y Carla
Punto de Vista/Por Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
El diputado por Morena Magdaleno Rosales es estridente, “entrón” cuando se trata de defender sus intereses. Si algo no es –y nunca ha sido- es un legislador inteligente. *** Con mucha facilidad lo hicieron caer en el garlito y salió a defender al “orgullo de su nepotismo” (su hijo José Luis Rosales Huesca) señalado de cobrar un salario de 15 mil pesos mensuales en el trabajo de chofer (conduce un automóvil que llevaba servicios médicos a comunidades de su distrito) que le fue asignado. *** El argumento que utilizó el “brillante” legislador, fue que todos los gobiernos, de todos los partidos políticos (y todos sus compañeros) incluyeron a hijos, esposas, primos o hermanos en las nóminas que se pagan con el erario. *** ¡Al diablo con eso de “nosotros no somos como los de antes”, o aquello de acabar con la corrupción. Las justificaciones de Magdaleno Rosales son la más viva demostración de que sólo cambiaron los ladrones, pero el saqueo de las arcas públicas continúa. *** A propósito de este tema, el dirigente municipal del PRI en Paso del Macho, Mario Chávez Suárez, subió a redes sociales un video en el que exige al diputado Magdaleno que dé a conocer los nombres de los diputados locales que –lo mismo que él- han incrustado a sus familiares en la nómina del Congreso del Estado. *** “Los veracruzanos deben saber la verdad, quiénes son los diputados que ejercen nepotismo para beneficiar a sus familiares”, reclamó el dirigente partidista. *** Mario Chávez, reclamó al diputado, que le está robando un salario a algún joven profesionista que podría desempeñar un mejor papel en otra área del Congreso, ya que el hijo del diputado únicamente cuenta con estudios de primaria. *** “Ustedes dijeron que no eran iguales a quienes les antecedieron y en efecto, no son iguales, ha quedado claro que son peores”, le dijo. *** José Luis Rosales, por cierto, ya fue dado de baja. ¿Y los otros?
Y la sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura –que se programó a petición de algunos de sus integrantes- no pasó del Punto Dos, que era –justamente- la aprobación de la orden del día, la que ya había sido sometida al análisis de todos los participantes.
El grupo de consejeros que se ha manifestado en contra de cada acción que toma la Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, pretendió violentar desde un principio el protocolo para la celebración de este tipo de sesiones. Intentaron incorporar, en calidad de “invitados” (figura que no está cntemplada en los reglamentos) a sujetos ajenos al quehacer del Poder Judicial. Cuando se les pidió el sustento jurídico para tal medida, no lo supieron argumentar.
La sesión, sin embargo, se tuvo que suspender luego del pase de lista, pues esos mismos consejeros pretendieron modificar, justo en ese momento, el orden del día, por lo que no se alcanzó ningún acuerdo.
En cierto momento de la reunión los ánimos se caldearon, especialmente por parte del magistrado Andrés Cruz Ibarra y de la consejera Carla Rodríguez González, ambos señalados –por cierto- de participar en las componendas para saquear el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, del que sustrajeron más de 15 mil millones de pesos.
Como aquí mismo se mencionó, un equipo de abogados se ha dado a la tarea de integrar el expediente con el que habrán de proceder penalmente en contra de los magistrados Pedro Luis Reyes Marín y Andrés Cruz Ibarra; de la ex magistrada Irma Dinorah Guevara Trujillo y de los consejeros Carla Rodríguez González y Édgar Mauricio Duck Núñez.
En la investigación (ya prácticamente concluida y documentada) se acredita la materialización del delito previsto por el artículo 323 del Código Penal para el estado, mismo que señala que “el servidor público que en provecho propio o ajeno utilice o disponga de dinero, valores o cualquier otro bien que hubiera recibido en administración, depósito o por otra causa en razón de su cargo (como lo es el perteneciente al Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia) incurre en el delito de peculado.
En su estrategia jurídica, los abogados (dirigidos por el doctor Tomas Mundo Arriasa) están planteando recurrir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el fin de inmovilizar las cuentas bancarias de esos servidores públicos, además de garantizar como medida precautoria un embargo en sus bienes.
Se entiende, pues, el nerviosismo del magistrado y la consejera, quienes están conscientes de que en sus oficinas se percibe un fuerte tufo a corrupción.
Epílogo.
Algo muy grave está sucediendo en el Colegio de Bachilleres de Veracruz (Cobaev). Desde el pasado 14 de julio, con un simple aviso y en plena pandemia, con actividades laborales restringidas, les retuvieron el salario a cuatro empleados y al día siguiente, el director administrativo de Cobaev, Alejandro de la Cruz Garnica Fernández los dio de baja ante el ISSSTE, por lo que quedaron sin seguridad social. *** El pretexto para retenerles el sueldo fue la solicitud de documentos para “cotejar perfiles profesionales”, mismos documentos ya habían sido entregados desde el año pasado. *** Los cuatros empleados poseen sus plazas desde hace más de 10 años (en uno de los casos son ya casi 20 años). No tienen faltas de carácter administrativo y acudían de forma regular a cubrir los horarios que les impusieron sus jefes. No había, pues, razón de peso para darlos de baja. *** El caso se agrava porque dos de ellos padecen enfermedades que requieren de tratamiento permanente. Nada de eso fue importante para los directivos de Cobaev. *** Los cuatro empleados están afiliados al Suitcobaev, sindicato que dice llevar la defensa jurídica de los trabajadores, pero ya se sabe del contubernio que existe entre su dirigente y los mandos del sector educativo. *** Este es un tema que hará mucho ruido y que meterá en problemas a dos personajes de la administración estatal: al Director Andrés Aguirre Juárez, y al subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero (quien pone y quita a los titulares administrativos), pues la actitud de Alejandro de la Cruz Garnica puede tener consecuencias jurídicas. ¿Estará enterado de todo esto el gobernador? *** Suena a coincidencia (algunos le llamarían “karma”) pero justamente el argumento original de la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, para remover de la Dirección de Aduanas, a Ricardo Ahued Bardahuil, fue que presentaba “síntomas de enfermedad respiratoria”, lo que en su momento fue desmentido por el ahora senador. *** Raquel Buenrostro, identificada como “la mano de hierro” dentro del SAT y mujer de todas las confianzas del presidente López Obrador, dio positivo a Covid-19 (sí, de lo mismo que pretendió “enfermar” a Ricardo Ahued) y aunque informaron que se encuentra en buen estado de salud y no presenta mayores malestares, como medida preventiva “se encuentra en aislamiento y siguiendo todas las recomendaciones médicas”. *** Ella, por supuesto, no renunciará. Cubrirá su cuarentena, con todos los servicios médicos que se requieran, y una vez superado el trance, se reincorporará a sus funciones. En la Cuatro Te todos son iguales, aunque algunos son más iguales que otros. *** Una vez que se hizo el ajuste en las cifras de casos y defunciones por Covid-19, como la informó el lunes la Secretaría de Salud, este martes se agregaron 4 mil 828 contagios confirmados para llegar a 794 mil 608 personas que han enfermado por el coronavirus. También se sumaron 461 defunciones, con lo que el acumulado llegó a 82 mil 348. *** José Luis Alomía, director de Epidemiología, informó que hay 293 mil 331 casos “sospechosos”, mientras que 557 mil 478 personas se han recuperado. Hasta hoy se han notificado 2 millones 021 mil 255 individuos con Covid-19. De las pruebas de diagnóstico realizadas, 933 mil 316 tuvieron un resultado negativo. *** Respecto a los sospechosos, 168 mil 542 corresponden a personas a las que no se les tomó muestra para su análisis clínico; en 91 mil 992 casos, aunque se tomó la muestra ya no fue posible tener el resultado del laboratorio, mientras que en 32 mil 797 se espera la confirmación sobre la presencia del virus.
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