Regresan los helicópteros
Punto de Vista/Por Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Mueve a risa la denuncia presentada por el grupo legislativo del PAN en la Legislatura local. *** Aprovecharon los últimos segundos de autoridad del Fiscal Jorge Winckler, para denunciar penalmente a funcionarios del gobierno estatal, por presunto ejercicio indebido del servicio público. *** Afirman que Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública; Leslie Monica Garibo Puga, Contralora General del Estado; Soraya Prado Rivera, Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Población, y Guadalupe Osorno Maldonado, secretaria de Protección Civil, rindieron protesta a los cargos que hoy ostentan “a pesar de no cumplir con los requisitos que mandata la Constitución local en sus artículos 11 y 50”. *** Señalan que a partir de asumir sus cargos han realizado actividades “que además de no verse reflejadas en el desarrollo y bienestar de Veracruz, se convirtieron en actos ilegales”. *** Lo absurdo del tema es que el anuncio de dicha denuncia lo hicieron acompañados del “adalid contra la corrupción”, su dirigente estatal, Pepe Mancha. Y a un lado de Sergio Hernández, coordinador de los diputados panista, estuvo siempre el diputado Juan Manuel de Unanue, el mismo que se aventó la puntada de ¡solventar! (“de qué me sirve el Orfis”) señalamientos de presunto daño patrimonial por varios cientos de millones de pesos, en la Cuenta Pública 2017, nada más porque sí. *** Los servidores públicos señalados por los panistas obtuvieron del propio Congreso que ellos integran, las dispensas correspondientes, pues se trata de ciudadanos que no son nacidos en territorio veracruzano. *** De pronto a los panistas les renació la honradez, esa de la que no gozaron cuando gobernaba “el jefe”, Miguel Ángel Yunes Linares.
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En junio de 2016, cuando ya se había confirmado el triunfo de Miguel Ángel Yunes Linares, el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa envió al Congreso local un acuerdo para enviar a la Fiscalía General del Estado (entonces a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras) los dos helicópteros con los que contaba la administración estatal y que habían sido asignados a la Secretaría de Seguridad Pública.
Se trataba del helicóptero marca Bell Helicopter Textron modelo 407, con matrícula XC-CTZ y número de serie 53964 y el helicóptero marca Eurocopter modelo AS365N3, con matrícula XC-GEV, número de serie 6766.
Había un tercer helicóptero, el Bell Textron 430, matrícula XC-VER, que se desplomó el 5 de octubre del 2015, en las inmediaciones del aeropuerto El Lencero, y dejó como saldo la muerte de los dos tripulantes, el piloto David Barreda y el copiloto Fausto Calderón.
En internet que el helicóptero Bell 407 es un monomotor de uso civil, con rotor principal de cuatro palas y cabeza del rotor de material compuesto. Es usado la mayoría de las veces como ambulancia, para acciones de la policía o para el combate de incendios. Su capacidad es para piloto, copiloto y cinco pasajeros, y un gancho de carga útil de hasta mil 200 kilogramos.
El Eurocopter es utilizado preferentemente como transporte corporativo, policíaco, de noticias, para evacuaciones médicas, o para búsqueda y salvamento.
¿En qué argumentos basó el actual gobernador Cuitláhuac García su decisión de dar marcha atrás a dicha donación?
Resulta que el 14 de noviembre del 2016, la propia Fiscalía General de Veracruz, a través del oficio FGE/DGA/3177/2016, firmado por el Oficial Mayor, manifestó que “por razones presupuestales y por falta de instalaciones propias y adecuadas para su resguardo”, los helicópteros no podían ser recibidos por ese organismo.
Dos semanas después, la misma Fiscalía, a través del oficio 3670, ratificó que no estaba en condiciones de aceptar la Enajenación a Título Gratuito de los dos helicópteros, en razón de que no contaban con los recursos necesarios para su mantenimiento y operación, además de carecer de las instalaciones adecuadas para su resguardo.
Ese mismo documento advertía que la donación que se pretendía realizar no era “perfecta”, toda vez que la Fiscalía no aceptaba tal donación.
Esa es la explicación técnica-jurídica. La verdadera razón todos la conocen: Desde la óptica del gobernador, Jorge Winckler no es merecedor de la confianza para que se le otorgue el uso discrecional de ambas naves aéreas, más aún en una administración que presume, como sello principal, el escrupuloso manejo de los recursos públicos, para evitar caer en los despilfarros en los que incurrieron sus antecesores.
De todas formas ya le quedaba poco tiempo al aún fiscal para gozar de esos privilegios. La mañana de este viernes se habrán de celebrar las dos audiencias para definir si se otorga o se rechaza la suspensión definitiva solicitada por Jorge Winckler contra los efectos de la reforma constitucional que otorga atribuciones a los diputados para remover al Fiscal.
En la próxima sesión ordinaria ya podría estar el Congreso local en condiciones de proponer (y aprobar) la remoción del Fiscal, aunque de forma paralela se siga el procedimiento de Juicio Político que ya está en marcha y que tendrá su primera audiencia el miércoles 23 de enero.
Lo dicho: Jorge Winckler no llega a La Candelaria.
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Epílogo.
La tarde del martes el periodista Saúl Contreras Beltrán lucía indignado, colérico. Acababa de concluir una llamada con el secretario técnico de la Comisión para la Protección de Periodistas (CEAPP), Jorge Morales, a quien se había dirigido para pedirle que intercediera con el gobierno estatal, con el fin de que se le brindara al reportero José Manuel Carvallo, la atención médica necesaria “pues está a punto de perder una pierna”. *** El periodista transformado en servidor público (Jorge Morales) le negó cualquier apoyo y se tomó además la licencia de regañarlo (“no es el gobierno, son los patrones de los reporteros los que deben responder”). Horas después llegó la triste noticia: José Manuel Carvallo había fallecido. ¿Habría sido distinto si hubiera recibido una atención oportuna? Ya le tocará a Jorge Morales investigarlo. *** Elementos de la Policía Estatal, de la Federal y de la Fuerza Civil dieron con dos casas de seguridad y rescataron sano y salvo al Director de Obras Públicas del municipio de Mixtla de Altamirano Antonio Mendoza, quien había sido “levantado” por un grupo armado en la congregación Novillero Chico, del municipio de Rafael Delgado. *** El funcionario municipal viajaba en su camioneta acompañado por un contratista, cuando cuatro sujetos lo interceptaron y se lo llevaron por la fuerza. Un eficaz operativo de las fuerzas de seguridad permitió rescatar a la víctima y asegurar las casas en donde se refugiaban los delincuentes. En el operativo fue detenido un elemento de la Policía Municipal de Tlilapan, quien estaba a cargo de vigilar una de las casas de seguridad. *** La estrategia de las fuerzas de seguridad de Veracruz han estado arrojando resultados positivos. Los más afectados han sido los grupos pertenecientes a la organización criminal denominada “Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, banda que creció de forma importante durante la gestión de Miguel Ángel Yunes Linares. *** La PGR reconoce una expansión geográfica del CJNG a partir de 2011. Con la complicidad del gobierno, este cartel ha consolidado su presencia en 14 estados, incluido Veracruz. A partir de la llegada de la nueva administración estatal, los golpes contra “Los Jaliscos” se han multiplicado.
