El camaleónico Portilla
Punto de Vista/Por Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Es menester recordar que la iniciativa de crear la “Policía Vial” fue de Arturo Bermúdez, cuando era secretario de Seguridad Pública. *** Al presentarlos a la sociedad veracruzana los describió como “policías preventivos altamente capacitados dentro de un esquema de profesionalización y alta especialidad en vialidad, en materia de seguridad, prevención del delito, y con capacidad de reacción ante cualquier emergencia que se presente”. *** A pesar de la aversión que este gobierno tiene con todo lo creado en la administración de Javier Duarte, especialmente en materia de seguridad, los Policías Viales siguieron operando y de la Academia de Policía de El Lencero salieron más elementos para estas tareas. *** La noche del miércoles en El Tejas, del municipio de Medellín, el taxista Víctor Hugo Pérez Vázquez falleció producto de las heridas sufridas con una navaja. Versiones de los vecinos señalan que el fallecido fue detenido por dos elementos de la Policía Vial (después se supo que se trataba de un perito y del jefe de servicios) con quienes se inició una fuerte discusión. *** Minutos más tarde llegó hasta ese sitio el Delegado de Tránsito de Medellín, Luis Fernando Carreón Camarero, a quien se responsabiliza de las heridas que privaron de la vida al taxista. *** Carreón Camarero también resultó herido en la riña y fue trasladado a un hospital para su atención, mientras que los otros dos servidores públicos eran detenidos para deslindar responsabilidades. *** La novia de Víctor Hugo Pérez dijo haber llegado antes de que éste falleciera, y se sorprendió de que ni los elementos de Seguridad Pública, ni de la Fuerza Civil, que ya estaban en el lugar, hayan hecho algo para salvarlo. *** No se sorprenda si en las próximas horas el gobernador vincula al taxista fallecido con algún grupo de la delincuencia organizada. *** “Era malandro y merecía morir”, suele ser la conclusión del gobierno en estos casos.
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No es la primera vez que se señala en este espacio –y en muchos otros- la camaleónica actitud asumida por el titular del ORFIS Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, quien durante casi cinco años validó los movimientos financieros del gobierno de Javier Duarte, y no fue sino hasta que se conoció el triunfo en las urnas de Miguel Ángel Yunes Linares, cuando se decidió a desempolvar los expedientes y presentar, en paquete, la relación de irregularidades detectadas.
Es para todos evidente que dos de los responsables de vigilar que el gobierno de Javier Duarte se condujera apegado a las leyes en materia financiera (Lorenzo Antonio Portilla, del ORFIS, y Ricardo García Guzmán, Contralor) llegaron a algún oscuro acuerdo con el actual gobernador, que consideraba un intercambio de información documentada contra Duarte y sus secuaces, a cambio de inmunidad.
En el caso del titular del ORFIS el acuerdo sería aún más ambicioso, pues al mantenerse al frente del organismo fiscalizador, le sirve ahora como ariete contra aquellas autoridades municipales que se nieguen a alinearse con quien hoy gobierna Veracruz.
Hoy Antonio Portilla, en su mejor papel (de lacayo del gobernador, como lo fue con Duarte) sale a defender a Miguel Ángel Yunes Linares y a responder por los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el sentido de que el estado de Veracruz tiene pendientes por “solventar” (a estas alturas se debe traducir como “devolver”) 76 mil 600 millones de pesos.
El titular del ORFIS aclara que los momentos pendientes de solventar “son responsabilidad de la pasada administración” y revive el tema de aquella minuta que fue firmada por Fernando Charleston Hernández en marzo de 2014 (lo que le costó su salida de la Secretaría de Finanzas), en la que el gobierno de Duarte admitió que existían faltantes en las cuentas de programas federales y se comprometió a reintegrarlos a partir de un calendario de pagos, lo que al final incumplió.
Ese, en realidad, no era el tema.
Hay quien sugiere que todo este escándalo tiene como fin desviar la atención sobre otro asunto señalado puntualmente por la ASF: El sobrecosto detectado en la construcción del Foro Boca.
Lo central es que la Auditoría Superior de la Federación señala que no son Javier Duarte, ni Fernando Charleston, ni ningún otro servidor público de la pasada administración, los que tienes que devolver esos recursos, sino el gobierno de Veracruz, que hoy representa Miguel Ángel Yunes Linares.
Por cierto, el gobernador ya salió a aclarar que él no pagará un solo centavo de lo que se robaron Duarte y su pandilla. Se le olvida que ya la PGR le devolvió lo que ha recuperado y que él, en lugar de utilizarlo para cumplir las responsabilidades financieras del gobierno, decidió “gastarlo” en obras que le dejaran un beneficio mediático, pero, además, una buena comisión con los constructores.
De eso, por supuesto nada ha dicho hasta ahora Antonio Portilla. Quizá se percate de tales anomalías si la elección del próximo primero de julio la gana un candidato opositor al actual gobierno.
Si ya le funcionó una vez…
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Epílogo.
El embajador de Alemania en México, Viktor Elbling, aclara que lo que se emitió “no fue una alerta”, sino simples “consejos”. Que lo hacen con todos los países en los que tienen representación consular. “No existe una alerta de viaje hacia México, no existe un consejo hacia los turistas alemanes de que no viajen al país; Lo que existe, con diferentes grados, es el desaconsejar sobre las visitas a ciertas regiones muy bien definidas y especificas donde hay peligro de violencia”. Así queda todo claro. No los alertan, pero les sugieren que no vengan. *** Agentes de la PGR capturaron desde el pasado martes, en Cancún a uno de los principales capos de la droga de Coatzacoalcos. Se trata de José Giraldo García Carmenate, alias “El Cubano”, quien se quedó con la plaza de Coatzacoalcos tras la ejecución de Julio César Rodríguez Briones, alias “El Caballero”, en octubre del 2016. “El Cubano” operaba la cantina Las Tortugas, en la avenida Universidad, sitio desde se distribuía la droga a través de taxis. *** A propósito de la violencia en el sur de la entidad, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Coatzacoalcos, Luis Martín González, reveló que la delincuencia organizada mantiene el cobro de piso a empresarios y comerciantes de aquella zona, lo que ha obligado a muchos de ellos a abandonar la región y llevarse sus empresas a sitios más seguros. *** ¿Y Jaime Téllez Marié? ¿A qué fue a Coatzacoalcos?
