Procede FGE contra ex funcionaria de Tlacotalpan, por desacato a Ley de Protección Animal
- Juez la vincula a proceso por maltrato animal, incitación a cometer un delito, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y coalición
Cosamaloapan, Ver.- La Fiscalía Regional de la zona centro-Cosamaloapan, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA), obtuvo la vinculación a proceso en contra de la ex regidora del municipio de Tlacotalpan, por los delitos de maltrato animal, incitación a cometer un delito y apología de este o de algún vicio, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y coalición.
Los hechos que se le atribuyen a Debora “N” tuvieron lugar el 1 de febrero del año pasado en el marco de las fiestas patronales del municipio de Tlacotalpan, en donde se llevó a cabo un evento taurino y suelta de toros, resultando presunta responsable la imputada de la organización de los citados actos de maltrato animal, invitando al público en general a participar en estos ilícitos.
Al contar con los datos de prueba suficientes aportados por la FGE, el Juez de Control con sede en el distrito judicial Cosamaloapan emitió la correspondiente orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes ministeriales en la ciudad de Veracruz.
Los detectives pusieron a la detenida a disposición del Juez que la requería, quien sustentado en la Ley de Protección Animal vigente en el Estado de Veracruz, imputó a la detenida.
La hoy imputada, quien cuenta con 60 años de edad, enfrenta los efectos del Proceso Penal 34/2017 por el delito de maltrato o crueldad animal en agravio de diversos bovinos; así como los antijurídicos señalados por la Ley como incitación a cometer un delito y apología de este o de algún vicio, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y coalición, cometido en agravio del Estado.
En audiencia posterior, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Debora “N” y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta por el término de seis meses, por lo que la imputada continuará enfrentando el procedimiento jurídico iniciado en su contra, internada en el reclusorio regional.