Prosa Aprisa

“Y Arturo Bermúdez… ¿cuándo?” Ese fue el encabezado, ayer, de una de las secciones de portada de la versión online del diario El Universal.
En el texto se comentó que con el caso de Javier Duarte todos se han olvidado de otros implicados en el grave quebranto patrimonial que enfrenta Veracruz.
“Aseguran que uno de los que siente que ya libró la furia de los veracruzanos y de las autoridades federales es el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien renunció al cargo en agosto pasado al comprobarse que él y su esposa son propietarios de cinco residencias valuadas en 2.4 millones de dólares y ubicadas en Estados Unidos”.
Concluyó diciendo: “El propio Bermúdez Zurita y el grupo de 15 mujeres que lo acompañaban en su cargo, quienes fueron beneficiadas con placas de taxis y otras canonjías, nos cuentan, subestiman las advertencias de líderes de partidos políticos opuestos al PRI, de grupos civiles y hasta de evangélicos, quienes advierten que no quitarán el dedo del renglón hasta que don Arturo responda por los abusos que cometió, como el uso irregular de recursos públicos y la concesión de talleres mecánicos a familiares”.
El Universal echó sal en la llaga. En efecto, el ex Secretario de Seguridad Pública y otros se la han llevado nadando de muertito y procuran no hacer olas tratando de que se olviden de ellos para no responder a los serios señalamientos que hay en su contra y que todos se ceben sólo en Javier Duarte.
Hasta ahora, me extraña el silencio que ha guardado el Contralor General del Estado, Ricardo García Guzmán, ante las acusaciones contra funcionarios y ex funcionarios duartistas, porque es un funcionario cuya experiencia y trayectoria ha hecho valer en cargos anteriores con hechos concretos ante casos como los que ahora se presentan.
Lo recuerdo en su anterior paso por la Contraloría (fuimos compañeros en el gobierno de Miguel Alemán Velasco) cuando penalizó a más de 700 empleados de la administración estatal, algunos de ellos de primer nivel como Sabás Huesca Rebolledo, entonces titular de Comunicación Social; Keyla Franco Guerrero, de la Secretaria del Medio Ambiente; y Salomón Orta Vargas, del Instituto de Desarrollo Regional (Idere), este último panuquense, paisano de Ricardo, de los cuales a los dos varones envió a prisión y a la tercera hizo que huyera al extranjero y nunca regresó. El 17 de diciembre de 2014 recordé que había echado también abajo varios negocios millonarios que malos funcionarios pretendían hacer a espaldas del entonces gobernador.
En esa época, se supo de amigos y familiares del exdirector general del Idere, que le pidieron a García Guzmán que no procediera en su contra, pero el expediente pesó más que las recomendaciones. A diferencia de entonces, actualmente, hasta ahora, ha habido mucho ruido mediático en torno a Duarte y sus allegados y cómplices, pero ninguno ha pisado la cárcel.
¿El Contralor actuará como lo hizo en el gobierno del licenciado Alemán?, porque entonces supe que no se andaba por las ramas, aunque no hablaba mucho, como tampoco se dejaba influenciar por grupos de poder. Lo conocí por su trabajo y por sus resultados. Los días corren y el panuquense hasta ahora no ha dicho nada. Por sus antecedentes en el cargo, creería yo que antes de que concluya la presente administración mostrará que no es tapadera ni cómplice de nadie. Eso creo. Espero no equivocarme por la salud pública de Veracruz.
Cierto, es un terreno pantanoso el que pisa desde hace dos años, pero si no actúa se vendrá abajo la imagen personal y profesional que ha logrado y saldrán sobrando sus galardones como haber sido Vicepresidente del Instituto Nacional de Administración Pública, haber tenido una cartera en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, su buen desempeño con el gobernador Alemán, así como de diputado local y alcalde de Pánuco.

¿Y el Orfis?
Por otro lado, llama la atención que en el informe de resultados del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Estado 2015, no se haya hecho mención, para nada, de un solo señalamiento por presunto daño patrimonial a las Secretarías de Seguridad Pública, de Salud, de Turismo, de Finanzas y de Comunicación Social, entre otras, ni a organismos públicos descentralizados como el Cobaev, no obstante señalamientos públicos en algunos casos contra sus titulares como Arturo Bermúdez Zurita o Harry Grappa Guzmán y en otros contra administrativos como Ricardo Sandoval, últimamente en Salud, o Humberto Benítez Pérez, en la Coordinación General de Comunicación Social, lo que lleva a pensar que entonces han sido unas blancas palomas.
Según tengo entendido, la fiscalización de las cuentas públicas es un elemento esencial de las democracias. Supone la capacidad de las instituciones políticas para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones, pero también presupone la existencia de entes fiscalizadores integrados por personas capaces y honestas que se conduzcan con probidad. Una cosa no se puede dar sin la otra.
De un somero análisis del informe del resultado que se me hizo llegar, me pregunto si el titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, no fue informado por sus subalternos de lo que iban a presentar a la Legislatura, porque tal y como están las cosas parecería que como responsable del organismo dio vía libre a varios de los saqueadores de Veracruz.
El pasado 7 de octubre dije que no obstante su informe, “lo están cuestionando y hasta se puede decir que lo hizo presionado, obligado por la investigación que están haciendo las autoridades federales y fiscales sobre ilícitos que tienen que ver con recursos públicos…”.
La oposición y otros actores públicos señalan que lo hizo tratando de sobrevivir a la alternancia, porque antes “nunca vio nada”, no obstante una gran cauda de revisión de diversas cuentas públicas que realizó, y que sólo ahora que Duarte ya no está en el gobierno denunció, aunque sólo a unos cuantos.
La cuenta pública 2015, que ha dado mucho de qué hablar incluso a nivel nacional, ni siquiera ha sido aprobada por el Congreso local aunque ya hay varios alcaldes señalados que hablan de venganzas en su contra. Aseguran que no cometieron nada de lo que se les señala y creen que son maniobras hasta de diputados salientes “que buscan justificar su trabajo y a lo mejor hasta obtener algún beneficio económico”.
Recientemente hablé con la Secretaria de Educación, Xóchitl Adela Osorio Martínez, sobre señalamientos periodísticos con base al informe del Orfis, que la harían responsable de presunto daño patrimonial, pero me aclaró con documentos. La observación corresponde a recargos y actualizaciones por el concepto de cuotas y aportaciones al IMSS por un monto de 7 millones 232 mil 709 pesos, pero porque fueron pagados de manera extemporánea por la Sefiplan, cuya Tesorería tenía la obligación de hacerlo, de acuerdo al artículo 233 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz. Irresponsablemente, le han causado daño.
En ese sentido, creo que hubo un grave error en haber filtrado para hacerlo público el resultado de la fiscalización antes de que el Congreso aprobara el informe respectivo, con lo que se violó la ley y, creo, se manchó con una buena dosis de ilegalidad el debido proceso de la fiscalización de la cuenta pública 2015. Al violar la ley en la materia, los funcionarios que se han visto involucrados, en lo que algunos de los presuntos responsables califican como una “farsa legaloide”, pueden tener ahora expedita su exoneración al invocar ante las autoridades judiciales mala fe de los fiscalizadores veracruzanos. Pero qué necesidad.
Por todo lo que sé, no tengo duda que después de lo de Duarte, atrás de él vendrá la barredora. Lo que resta de octubre y en noviembre y luego en diciembre cerrará fuerte. La prensa tendrá mucho material para comentar.

La deuda pública crece y crece y crece
Apenas el pasado 4 de octubre el Orfis reconoció una deuda pública de la entidad por más de 64 mil 580 millones de pesos. Hoy se podría corregir y precisar que es por 86 mil millones entre deuda contratada con bancos y el llamado pasivo contingente.

Los echan de El Olmo
2 millones 520 mil pesos quedó a deber, como titular de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos, por concepto de pago de renta de dos plantas del edificio El Olmo, a 140 mil mensual cada una. Ayer se venció el plazo que le habían notificado para que pagara, antes de que se fuera la semana pasada. La familia Chedraui, propietaria del inmueble, dio la orden de que hoy no se deje pasar al personal. De todos modos, la nueva titular Irma Chesty está despachando en el antiguo local del Palacio de Gobierno desde que asumió el cargo.

Es el Consejo Directivo
La semana pasada, el COPIPEV informó que presentaría denuncias ante la PGR por “irregularidades” en la administración de los recursos del IPE. Extraña porque los fondos de pensiones no tienen componente federal, por lo que, creo, resultaría improcedente.
También que se responsabilice al actual director y antecesores, porque no son más que instrumentos del verdadero órgano de dirección que es el Consejo Directivo, al que habría que llamar a cuentas, sin olvidar que es la Sefiplan la encargada de recabar las aportaciones de los trabajadores y de suministrar fondos al IPE para el pago de las prestaciones a los pensionistas.
En este caso todos queremos justicia y que se recupere lo que es nuestro, pero creo que habría que concentrar esfuerzos y señalamientos contra los verdaderos culpables.

Acierto de Flavino
Se oficializa el nombramiento de Fernando Sánchez García como nuevo Secretario Particular del gobernador Flavino Ríos Alvarado. No ha sido más que un acto de justicia porque es un funcionario limpio, profesional en su trabajo y que con su trayectoria dignifica a la administración pública. Dejó el Registro Civil.