Prosa Aprisa
Por Arturo Reyes Isidoro.
La basificación, un galimatías político.
“Todas”. Así, en forma directa, me respondió ayer por la tarde, antes de las declaraciones de Miguel Ángel Yunes Linares, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Flavino Ríos Alvarado y Antonio Gómez Pelegrín, el presidente de la comisión de Vigilancia, Francisco Garrido Sánchez, cuando le pregunté qué posibilidades hay para que este jueves se apruebe en el pleno de la legislatura la basificación “de 24 mil trabajadores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.
Me respondió que “todas” pero también me explicó y me aclaró el asunto, que si es exactamente como me dijo, estaríamos ante un caso de falta de suficiente información y de una buena comunicación para explicar lo que tiene explicación.
Porque, de acuerdo a lo que me ilustró, no se trata de la basificación laboral de nadie sino de aprobar el Servicio Civil de Carrera para que únicamente los trabajadores del Poder Ejecutivo, siete mil de un total de veintidós mil –quince mil ya lo están– puedan en el futuro, con base a su antigüedad y a sus méritos, alcanzar su basificación y los que ya tienen plaza aspirar a una de mayor rango y, por lo tanto, se entiende, mejorar laboralmente.
“Pero eso tendrá que hacerlo el gobierno que viene. La legislatura no tiene facultades para basificar a nadie. La Secretaría de Finanzas, o a quien faculte el Ejecutivo, tendrá que calificar al trabajador para determinar si procede su ascenso”, me dijo, recordándome que algo similar hizo el gobierno de Felipe Calderón.
También me precisó que no entran los trabajadores de los Poderes Legislativo y Judicial, así como tampoco los de la Secretaría de Seguridad Pública, esto de acuerdo a una normatividad federal, pues “ni modos de mantener a un mal policía sólo porque tenga base”.
No obstante su versión, anoche mediante un boletín de prensa, el Gobierno del Estado puso en boca de los secretarios de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, y de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, que sí se basificará a siete mil trabajadores “que se verán beneficiados con la iniciativa enviada al Congreso local por el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, para adecuar la Ley del Servicio Civil y Profesional de Carrera”.
De acuerdo al comunicado, se trata de servidores públicos que en su mayoría cuentan con 15 años de servicio, negando que sean aviadores.
“Es falso que la basificación de los trabajadores aumentará la nómina del gobierno del estado, es falso que sean aviadores, es falso que se incrementará el presupuesto para sueldos y salarios, ya que estos siete mil trabajadores están actualmente cobrando y no representa ningún costo adicional brindarles la seguridad laboral por la que tanto han luchado”.
El pasado domingo, el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, exhortó a los diputados locales para que no voten a favor de las iniciativas que quiere “imponerles” el gobernador Javier Duarte.
Una de esas iniciativas, dijo, era la de la “basificación de 24 mil trabajadores” cuyas consecuencias calificó de “catastróficas” porque aseguró que la nómina del gobierno estatal se incrementaría en mil 500 millones de pesos anuales (ayer en conferencia de prensa dijo que de esos 24 mil, 15 mil son “aviadores” y que demandará juicio político contra los diputados que la aprueben).
Quiso ilustrar lo que significaría ese impacto económico diciendo que el monto equivaldría a todo el presupuesto para la adquisición de medicamentos para los hospitales o al presupuesto que se entrega en un año a la Universidad Veracruzana.
En la sesión del martes pasado, el dictamen sobre el tema, presentado por la Secretaría de Finanzas, se retiró de la orden del día para excluir también a personal de los ayuntamientos y entidades paramunicipales.
Callejas, “rémora”: Yunes; Yunes, “tirano”: Callejas
Como en su conferencia Yunes Linares calificó al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Juan Nicolás Callejas Arroyo, con quien se había reunido un día antes, como “una de esas rémoras del viejo sistema mexicano”, le picó el amor propio y éste convocó anoche mismo a conferencia de prensa.
Dijo que Miguel Ángel es un dictador en potencia que ofende y falta al respeto a los diputados miembros de un poder distinto al Ejecutivo, responsabilizándolo de generar un clima de linchamiento en contra de los legisladores locales.
“No lo insulto como él me insultó pero sí me preocupa que tengamos un gobernador tirano, no es con la amenaza, con el chantaje, no es con la fuerza que da el poder sino con la fuerza que da la razón y lo plasmado en la Constitución; nosotros estamos luchando por el estado de derecho y el señor nos está condenando”, apuntó, y lo llamó también “engendro” y lo comparó con Victoriano Huerta y Adolfo Hitler.
Ya sea en el sentido en el que me dijo el diputado, ya en el de la versión del Gobierno del Estado, ya en la que sostiene el nuevo gobernador, el tema es un verdadero galimatías político y polarizó desde anoche las posiciones de quienes están a favor y de quienes se oponen.
No obstante que en apariencia el asunto no presentaría mayor implicación, en varias dependencias del Gobierno del Estado ordenaron a los trabajadores que se presenten desde las ocho de la mañana en el Congreso y que tan pronto abran se posicionen de todas las butacas del salón de plenos. La sesión inicia hasta las once.
Lo único que hicieron desde anoche mismo todos los implicados fue calentar el ambiente que quedó tenso para la sesión de este jueves.
Ahora sí, encerrona diputados-Finanzas
Por la tarde, a partir de las cinco, está programada una reunión privada en el mismo Congreso de los diputados de las comisiones unidas de Vigilancia y Hacienda del Estado con funcionarios de la Secretaría de Finanzas y jefes de las unidades administrativas de las Secretarías para que les expliquen y aclaren todo sobre los famosos anexos de las listas de deudores a los que les debe el Gobierno del Estado.
A la reunión asistirá el propio titular de la Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín, y el Tesorero, Arnulfo Octavio García Fragoso.
¿Irá Duarte a la promulgación de leyes anticorrupción?
Extraoficialmente se me dio por descontado que el gobernador Javier Duarte de Ochoa asista el próximo lunes a la promulgación por parte del presidente Enrique Peña Nieto del paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción que tendrá lugar en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos a las 12:30 del día.
Las leyes que se van a promulgar son la del Sistema Nacional Anticorrupción, la de Responsabilidades –o 3de3–, la del Tribunal de Justicia Administrativa, la de Fiscalización y la de la Administración Pública Federal. También la reforma a la Ley Orgánica de la PGR para crear la Fiscalía Anticorrupción y reformas al Código Penal Federal.
El gobernador no asistió el martes al acto en el que asumió la dirigencia nacional del PRI Enrique Ochoa Reza, quien señaló que su partido tiene que ser garante de la honestidad de sus gobiernos, que señale la corrupción de los gobiernos emanados de sus filas y que exija su fiscalización, incluso su destitución.
¿Presentará Amadeo su 3de3?
En consecuencia, en ese acto, Ochoa Reza anunció que esta misma semana hará pública su declaración 3de3. La pregunta obligada es si hará lo mismo el dirigente estatal Felipe Amadeo Flores Espinosa, ya que el movimiento se demuestra andando.
Pepe no se involucra en el “caso” Duarte
Entrevistado ayer en Acayucan sobre la postura de Héctor Yunes Landa de que pida licencia Javier Duarte de Ochoa y deje el Gobierno del Estado, el senador José Francisco “Pepe” Yunes Zorrilla declaró: “… yo si quiero ser muy claro, no tengo pronunciamiento en ese tema, el tema es ya generar condiciones para que Veracruz pueda superar esta crisis, superar estos temas, generar posibilidades de encuentro, de reconciliación y de trabajo”.
Dijo que había que “darle un respiro a Veracruz” porque ha estado los (últimos) once meses inmerso en una inercia de descalificaciones, de confrontaciones, y en este sentido me parece que hay que empezar a preparar desde las distintas trincheras y posicionamientos los nuevos tiempos de Veracruz”.
